Frontera NorteSur June 2001

Tan grave es el problema de la vivienda en el mundo, que el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendaron la creación de un
Relator Especial sobre el Derecho a la Vivienda, mismo que en 1993 fue nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

El Derecho a la Vivienda, que forma parte de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un componente esencial del derecho humanitario internacional.

Si bien el derecho a una vivienda digna no obliga a los Estados a construír viviendas para toda la población o a suministrarlas gratuitamente, sí los obliga a adoptar una serie de medidas políticas y legales que reconozcan cada uno de los aspectos constitutivos de este derecho. Además, los Estados no deben interpretar erróneamente ni abrogar o endosar su responsabilidad en el cumplimiento de este y otros derechos, especialmente en relación con grupos desfavorecidos.

Con arreglo a una estimación moderada de la propia ONU, más de 1,100 millones de personas en el mundo viven en un estado de carencia absoluta de hogar, o están obligadas por las circunstancias a vivir en condiciones de "vivienda desesperadamente
inadecuada," que amenazan su salud, su seguridad y su dignidad.

Esta situación contrasta con el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada que figura, además de las constituciones nacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las Naciones Unidas han reconocido y señalado en múltiples foros, que la vivienda social continúa siendo uno de los pocos medios eficaces para garantizar a todas las personas el derecho a un lugar donde vivir con paz y seguridad, pero hasta ahora, los esfuerzos nacionales e internacionales han resultado del todo insuficientes.

Además, la experiencia ha demostrado de sobra que, en una economía de mercado, el sector privado ha sido incapaz de mirar más allá de sus propios beneficios, por lo que no se puede considerar seriamente a este sector para resolver el problema de la
carencia de vivienda.

La crisis estructural (¿cuál crisis? dirían nuestros altos funcionarios), ha dado lugar a un sin fin de actos de ocupación de tierras, de los cuales Baja California no puede ser la excepción. Y con la desaceleración económica, la situación va a empeorar, sobre
todo en nuestra región. Pero calificar de "delincuentes" o "antisociales" a los "invasores" es una calumnia, puesto que quienes actúan de esta manera contribuyen también de manera importante en la economía del país y de nuestra entidad.

Y para agravar más el asunto, el desórden en la regularización de la tenencia de la tierra, la falta de voluntad política y de coordinación entre entidades de los tres niveles de gobierno, la falta de planificación para dotar de reserva territorial urbana, la
inmigración desbordada, el acaparamiento, la especulación, la corrupción, la utilización política de la necesidad de vivienda de la gente, el oportunismo de algunos colonos por conseguir más de un predio, la subutilización de predios y otros problemas, han dado al traste con toda solución posible, provocando la salida fácil: que los regímenes endurezcan las leyes en contra de los ocupantes ilegales de tierras, criminalizando así la necesidad.

Se da, así, una salida policiaca a un problema de carácter eminentemente social.

Tal es el caso de los últimos acontecimientos sucedidos en Tijuana, en el Ejido Francisco Villa--de grandes extensiones inutilizadas hasta hoy, lo que es una invitación a la invasión--en donde 800 familias se posesionaron en esos terrenos ejidales, hechos que arrojaron la muerte de una persona, otras heridas, y unas más en la cárcel.

Se dan y se provocan, desafortunadamente, enfrentamientos entre los mismos solicitantes de vivienda y otros grupos sociales. Contradicciones de las democracias.

Otro asunto de difícil solución con respecto a la vivienda es el que se vive en las zonas de Maneadero y el Valle de San Quintín, al sur de Ensenada. Ello tiene su razón en los altos índices de inmigración de jornaleros agrícolas y de sus familiares, en las bajas ventas de los productos agrícolas de exportación, en el agotamiento de las fuentes de agua para riego y consumo humano, en los controles migratorios en la frontera, en las pésimas condiciones de vida y de trabajo, en las distintas formas de organización popular (que en ocasiones enfrentan naturales diferencias) y en la incomprendida tradición de lucha y usos y costumbres de los pueblos indígenas inmigrantes, lo que contribuye a enrarecer más el panorama.

Hasta hoy, en esa región, lo esencial no se ha resuelto. Peor aún, los dirigentes indígenas que encabezan las tomas de tierras cargan siempre consigo sendos amparos, o caen en la cárcel acusados del delito de despojo. Todo ello, como un instrumento
legal del régimen para anularlos y para "administrar los conflictos," en espera de que futuros gobiernos los solucionen.

En los hechos, se niega a las mayorías el derecho a una vivienda digna, convirtiéndose ésto en un acto de discriminación. Denegar de facto la existencia del derecho a la vivienda, un derecho humano reconocido desde hace tiempo, es una estrategia cargada de peligros que socava el derecho jurídico internacional y nacional.

En conclusión, en materia de vivienda, en Baja California urge un plan de acción interinstitucional, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, las academias, los expertos y otros sectores, que rebase la visión legalista y asistencial
(pública y privada), y que siente las bases de un plan de acción de previsión y de solución con base en los principios de derechos humanos y las normas adoptadas por la comunidad mundial.