DECLARACIÓN EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL LATINOAMERICANAS
Y DEL CARIBE
REUNIDAS EN ASUNCIÓN, PARAGUAY,
EN VISTA DE LA CUMBRE MUNDIAL DE ALIMENTACIÓN.
Reunidos en Asunción, Paraguay, del día
30 de junio al día 01 de julio de 1996, más de cien
representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), Movimientos
Sociales, Organizaciones Populares y otras organizaciones de la
sociedad civil de América Latina y del Caribe después
de analizar la situación de Seguridad Alimentaria de la
región y el Documento de Base de la Cumbre Mundial de Alimentación
presentan las siguientes consideraciones a los representantes
gubernamentales y a los técnicos reunidos en la 24a Conferencia
Regional de la FAO.
Hoy, todos son favorables a la Seguridad Alimentaria.
Pero el entendimiento y los compromisos con ella son muy distintos
y, en muchas ocasiones, diametralmente opuestos. Nosotros, tenemos
como guía de acción determinados principios, sin
los cuales pensamos que no puede haber una real y duradera Seguridad
Alimentaria para todos:
1. La Seguridad Alimentaria es un derecho fundamental
de la ciudadanía plena y condición de soberanía
que va mas allá de las lógicas de las políticas
económicas o de las contingencias políticas.
2. La Seguridad Alimentaria debe ser compatible con
la equidad social, cultural y del genero, en el acceso y distribución
de alimentos a todos los niveles.
3. La Seguridad Nutricional es parte inseparable de
la Seguridad Alimentaria. No es suficiente el acceso de las personas
a los alimentos. También es fundamental la preocupación
por la calidad de los mismos.
4. La Seguridad Alimentaria debe ser compatible con
la sustentabilidad a largo plazo de los recursos disponibles.
Debe estar basada en una agricultura que preserve la biodiversidad
y los recursos naturales.
5. En la obtención y mantenimiento de la Seguridad
Alimentaria existen responsabilidades compartidas tanto de los
gobiernos como de la sociedad civil. No podrá haber Seguridad
Alimentaria sin la participación de la sociedad y sin que
los gobiernos asuman su responsabilidad con ella.
Conscientes que la población en riesgo de inseguridad
alimentaria en América Latina y el Caribe es, en promedio,
el 43 % estimada por la pobreza, y el 21 % por la indigencia y
Considerando que:
La Seguridad Alimentaria sustentable y el bienestar
nutricional deben ser reconocidos como un derecho humano , vinculado
al derecho a la vida , como un derecho a alimentarse en cantidad
y calidad respetando las costumbres alimentarias, debe ser suficiente
para garantizar una vida saludable y establecerse en la legislación
nacional e internacional por medio de una Convención garantizada
por el Tribunal Internacional de Justicia. La responsabilidad
de los gobiernos en garantizar la Seguridad Alimentaria a todos
los ciudadanos debe ser reconocida como base, estrategia y objetivo
del desarrollo sustentable con equidad para hombres, mujeres y
niños y que debe ser cumplida por encima de las reglas
comerciales del mercado y de las políticas de reajuste
estructural.
La Seguridad Alimentaria y nutricional contiene los
siguientes elementos: disponibilidad suficiente y estable de los
suministros de alimentos a nivel global y local; acceso oportuno
y permanente por parte de todas las personas a los alimentos que
se precisan, en cantidad y calidad; adecuado consumo y utilización
biológica de los mismos, asegurando además el acceso
a los servicios básicos de saneamiento y de atención
de salud, y mas que todo, la decisión política de
los gobiernos para lograrla.
En América Latina y el Caribe, la inseguridad
alimentaria y nutricional está principalmente relacionada
con la capacidad de las personas para acceder material o económicamente
a los alimentos que precisan y aprovecharlos adecuadamente para
llevar una vida sana, así como con la capacidad de producir
alimentos y/o intercambiarlos mediante el acceso a los medios
de producción. En la mayoría de los Países
existen problemas de disponibilidad permanente o transitoria de
alimentos. Esta situación se ve agravada por los bajos
niveles de desarrollo (educación, salud y condiciones económicas)
y debilidad organizacional de los productores familiares.
Hay que reconocer el rol fundamental de proveedoras
de Seguridad Alimentaria de las mujeres a nivel familiar y comunitario;
su aportación a la reproducción de los sistemas
productivos y de la familia; mientras que son las más afectadas
por el déficit nutricional. Las políticas de alimentación
deben atender preferencialmente a las mujeres y proveerles recursos
economicos que fortalezcan su participación en la economía,
tales como acceso al crédito, a la tierra, a la tecnología
y a la educación.
La experiencia de trabajo sobre el tema conducida
recientemente por diversas instituciones, muestra que la problemática
de inseguridad alimentaria por carencias se verifica particularmente
a nivel de grupos socioeconómicos bien delimitados, tales
como pequeños productores campesinos, trabajadores rurales
temporarios, familias residentes en tugurios y áreas suburbanas
marginales, pescadores artesanales, pueblos indígenas,
vendedores ambulantes, hogares en riesgo y poblaciones desplazadas,
siendo mas afectadas las mujeres.
Además de las enfermedades carenciales que
son la consecuencia de una alimentación insuficiente tales
como la desnutrición energético proteica y las carencias
de micronutrientes, la inseguridad alimentaria está asociada
a enfermedades transmitidas por los alimentos como las toxicoinfecciones
alimentarias, la contaminación de alimentos por metales
pesados, los agrotoxicos y la presencia inadecuada de hormonas,
aditivos y colorantes. Esta situación son la causa directa
o indirecta de miles de muertes diarias en nuestra región,
especialmente de mujeres, niños y ancianos.
La inseguridad alimentaria en nuestro continente también
se manifiesta en el aumento progresivo de las enfermedades y de
la mortalidad derivada de patologías asociadas a dietas
desequilibradas y hábitos alimentarios inadecuados ligados
a los procesos de rápida urbanización, de globalización
de practicas alimentarias, de industrialización de alimentos,
etc.. En varios países de nuestra región, las enfermedades
cardiovasculares (hipertensión, infarto del miocardio,
accidentes vasculares, etc) diabetes, obesidad, etc, se transforman
en un problema de salud publica, afectando duramente a los grupos
mas pobres de la población que no tienen acceso a la información
y a los servicios básicos de salud y muchos de ellos ni
siquiera a un estilo de vida saludable.
No habrá Seguridad Alimentaria sin la participación
de la sociedad civil, esencialmente de los pequeños productores
y pobladores urbanos y populares y sin que los gobiernos asuman
su responsabilidad con ella. De igual modo no habrá Seguridad
Alimentaria sin participación en su logro de las organizaciones
de jóvenes rurales que serán los futuros agricultores
del mañana.
Las causas de la inseguridad alimentaria están
interrelacionadas y responden a múltiples disciplinas de
análisis; las soluciones involucran a todos los actores
de la sociedad y la comunidad internacional. La inseguridad alimentaria
esta ligada a procesos propios de cada país.
La Seguridad Alimentaria está en crisis a nivel
mundial, especialmente en los países del tercer mundo,
por una serie de causas o por varias de ellas a la vez. Entre
otras: la injusta distribución de la tierra, el agotamiento
de los recursos productivos fundamentales de suelo y agua. Las
catástrofes climáticas y las plagas; la degradación
ambiental producto de la sobreexplotación de los suelos,
los cambios climáticos, la salinización de los suelos,
la erosión, el uso de tecnologías contaminantes;
catástrofes sociales que desarticulan la organización
política y productiva; políticas de producción
alimentaria que privilegian el consumo externo ; insuficiencia
y defectos en los sistemas de distribución de alimentos;
modelos económicos y planes nacionales de desarrollo que
postergan el desarrollo, la sustentabilidad y la importancia de
la agricultura.
Las restricciones externas al comercio, los subsidios
a la producción y comercialización en los países
desarrollados, las limitaciones al acceso de la tecnología
y comunicaciones, los términos de intercambio desfavorables,
son factores que agravan la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Las acciones realizadas hasta el momento respecto
al problema de la inseguridad alimentaria han sido insuficientes.
Muy pocos países disponen de estrategias de Seguridad Alimentaria.
Faltan mecanismos y acciones que involucren a todos los sectores
relevantes así como a todos los actores de la sociedad
y de la comunidad internacional
El énfasis desequilibrado en una agricultura
de gran escala con mega proyectos de desarrollo en áreas
de alto potencial trae exclusivamente beneficios de corto plazo
y perjudica a los ecosistemas. Deben ser desarrolladas alternativas
sustentables de modernización agrícola que promuevan
sistemas de producción diversificados, holisticos y con
un uso racional de insumos químicos.
El reconocimiento a los derechos de los productores
rurales, el valor al conocimiento autóctono, la conservación
y uso de los recursos genéticos, el apoyo al respeto por
la propiedad ancestral del conocimiento en el manejo y uso de
los recursos genéticos, así como el derecho de la
autodeterminación de las comunidades rurales para el manejo
de los mismos de acuerdo con el Plan de Acción de los Pueblos
titulado "El Compromiso de Leipzig con la Biodiversidad en
la Agricultura" emanado de la reunión de 160 organizaciones
populares en Leipzig, Cuarta Conferencia Internacional de Recursos
Fitogenéticos.
El problema de los aumentos de población a
una tasa mas rápida que el crecimiento de la producción
de alimentos es un reflejo de los desequilibrios entre las densidades
poblaciones y la capacidad de las economías y de los medios
ambientes locales de promover modos de vida dignos. La experiencia
demuestra que donde se produce una reducción de la pobreza
y donde el status y los derechos de la mujer son promovidos por
medio de oportunidades educacionales y de empleo se produce una
disminución de la tasa de crecimiento poblacional.
La cresciente inseguridad alimentaria en nuestros
países por la reducción de las reservas mundiales,
la elevación de los precios internacionales y los problemas
climatológicos en diversas regiones del mundo, no debe
ser motivo de toma de decisiones coyunturales y de corto plazo.
La búsqueda de alternativas viables, efectivas y duraderas
supone un horizonte de largo plazo y una consideración
estructural y estratégica del problema alimentario. Lo
anterior no significa que no deban proponerse y promoverse alternativas
de carácter emergente y de aplicación inmediata.
La producción y disponibilidad de alimentos
no está contrapuesta con la reversión del deterioro
ambiental ni con la restauración y manejo sustentable de
los sistemas alimentarios.
Lo rural no puede homologarse al resto de los sectores
de la economía (el sector industrial y el sector servicios)
y por lo tanto no se le puede forzar y reducir a cumplir un unico
papel bajo concepciones economicistas y monetaristas. La agricultura
y otras actividades rurales además de cumplir funciones
y objetivos económicos, cumple una diversidad de funciones
y objetivos útiles a la economía y a la sociedad
en su conjunto. Entre ellas destácanse las siguientes:
preservar la riqueza cultural y la diversidad pluriétnica
de las sociedades, preservar la biodiversidad, restaurar y manejar
con sustentabilidad los recursos naturales del mundo rural, generar
autoempleo y autosustentación, mantener la ocupación
de los espacios rurales proporcionando estabilidad y gobernabilidad
a los flujos campo-ciudad y prevenir el surgimiento de conflictos
por ocupación de espacios vacíos.
La construcción de alternativas viables supone
un enfoque sistémico desde la producción hasta el
acceso de alimentos, desde las políticas macroeconómicas
hasta las políticas sectoriales, desde lo rural hasta lo
urbano, desde lo económico hasta lo ambiental y cultural,
desde la pequeña unidad agrícola familiar hasta
la industria agroprocesadora y la empresa distribuidora, desde
lo local hasta lo global pasando por lo nacional y lo regional.
La búsqueda de alternativas hacia una sistema
de Seguridad Alimentaria sustentable supone abandonar el fatalismo,
la impotencia, las falsas oposiciones y exclusiones, el maniqueísmo,
las ideologizaciones y los fetichismos. Tiene que estar basada
en las condiciones reales de los consumidores y productores de
alimentos.
La lucha contra las drogas como ha venido realizandose
no puede ni podrá erradicar los problemas de violencia
y corrupción y como ya se ha visto, ha agravado más
el problema de la Seguridad Alimentaria.
Proponemos:
I.Garantizar las condiciones políticas sociales
y económicas más convenientes para conseguir alimentos,
lo que solo podrá lograse mediante una participación
equitativa de las mujeres y los hombres.
El derecho a la alimentación para todos, el
derecho al desarrollo de las agriculturas campesinas e indígenasy la obligación de las naciones de tender y procurar su
autoalimentación son derechos y obligaciones que deben
ser garantizados por los Estados nacionales, bloques regionales
y la comunidad mundial. Debe ratificarse el Convenio 169 OIT y
el borrador de la declaración de la ONU sobre los derechos
de los pueblos indígenas y también los derechos
de las mujeres agricultoras, verdaderos guardianes y creadores
de la biodiversidad agrícola.
El mercado libre o el Estado por si solos no han garantizado
ni garantizarán la Seguridad Alimentaria de las naciones
y de los individuos. La producción suficiente y sustentable,
la distribución eficiente y oportuna, el acceso equitativo
y adecuado y una Seguridad sobre la calidad de los alimentos ,
únicamente pueden ser garantizados por una apropiada y
diferencial distribución de funciones y responsabilidades
entre el Estado, la sociedad y el mercado. Para lograrlo se requiere
de fundamentos éticos y una concertación social
con la participación activa y democrática de la
sociedad y la formulación e implementación de políticas
publicas conjuntamente por los órganos gubernamentales
y las entidades sociales.
La Seguridad Alimentaria precisa estar centrada en
las personas. Es necesario implementar sistemas de producción
y distribución de alimentos con la participación
de la propia población. Los gobiernos nacionales deben
asegurar que cada hogar urbano o rural, tenga acceso a los medios
para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Para
asegurar este acceso los gobiernos deben propiciar una distribución
equitativa de los medios de producción y asegurar una renta
suficiente a cada familia para cubrir sus requerimientos nutricionales.
Debe incorporarse el objetivo de la Seguridad Alimentaria
en los planes oficiales de desarrollo. Para ello hay que establecer
la coherencia necesaria entre las políticas macroeconómicas,
de corto, mediano y largo plazo, las políticas sociales
y el rol del Estado como facilitador de la acción civil.
Los gobiernos nacionales deben adoptar una Política
Nacional de Seguridad Alimentaria que se constituya en uno de
los ejes articuladores de una estrategia de desarrollo social
que revierta la exclusión y universalice la ciudadanía
a través de la democratización de la tierra y de
los ingresos. Para ello es preciso articular nuevos esquemas de
reforma agraria, con acceso equitativo a la tierra y a los diversos
recursos naturales; y políticas de desarrollo rural basadas
en la producción familiar, comunitaria y asociativa; el
estimulo a sistemas de agricultura sustentables; el incentivo
a la investigación dirigida al establecimiento de sistemas
adecuados a la pequeña producción familiar; el estimulo
a la autosuficiencia en la alimentación básica;
el abastecimiento alimentario a nivel nacional y para las periferias
urbanas; la generación de ocupaciones productivas que aseguren
un ingreso suficiente; la asistencia alimentaria a los grupos
vulnerables; el control de la calidad de los alimentos; el estímulo
a prácticas alimentarias saludables y una distribución
equitativa familiar; el derecho a la participación popular
activa y organizada en todos los niveles de decisión, gestión
y acompañamiento del Sistema de Seguridad Alimentaria.
Un marco socioeconómico y político adecuado
a un plan de desarrollo rural sustentable es indispensable para
la implementación de una política de Seguridad Alimentaria.
Los principios que deben orientar este plan de desarrollo son:
ser socialmente justo y económica y ecológicamente
sustentable. El cumplimiento e integración de estos principios
está basado en los siguientes objetivos: procurar un medio
ambiente sano para todos; preservar los recursos naturales; resguardar
y preservar el patrimonio genético y la biodiversidad;
desarrollar la agricultura ecológica; fortalecer la producción
campesina e indígena; desarrollar una economía asociativa
y cooperativa; integrar la justicia social y la equidad; integrar
la sensibilidad cultural; desarrollar una visión holistica
de la ciencia; integrar tecnologías apropiadas en lo social
y biológico y desarrollar el pleno potencial humano.
Un sistema de Seguridad Alimentaria sustentable y
para todos no puede establecerse en América Latina sin
reorientar el marco de las políticas macroeconómicas
neoliberales vigentes en los últimos tiempos y sin transitar
hacia una democratización efectiva del Estado y una ampliación
de los espacios de participación y poder de la sociedad
civil. Asimismo, la Seguridad Alimentaria no podrá ser
mas que retórica y de buenas intenciones, sin una reorientación
a fondo del marco global y regional de las políticas derivadas
de los acuerdos agrícolas del GATT-OMC, políticas
de la OCDE, FMI, BM, BID, TLCN y MERCOSUR, entre otros.
Las instituciones financieras internacionales y los
gobiernos nacionales nunca deben permitir que los programas de
ajuste y reformas estructurales pongan en riesgo el acceso a la
comida, a una nutrición adecuada, a un abastecimiento de
agua y a un sistema sanitario apropiados. La organización
de sistemas de Seguridad selectiva para los grupos sociales más
vulnerables deben estar siempre presentes desde las primeras fases
de los programas de ajuste y reforma estructurales. Toda política
de ajuste debe proteger el acceso universal y gratuito a la educación,
capacitación y a la salud básicas.
II. Velar por que las políticas e instituciones
contribuyan a mejorar el acceso de todos a una alimentación
nutricionalmente adecuada y sana
Dado que el acceso a los alimentos en una economía
de mercado es función de la distribución del ingreso
y de la capacidad adquisitivas de los salarios y que el mercado
por si solo propicia una mayor agudización de la concentración
del ingreso, un aumento del desempleo y una disminución
del poder adquisitivo de los salarios, es imprescindible el establecimiento
de políticas explícitas y deliberadas de distribución
más equitativa del ingreso, de salud (fomentando la lactancia
materna) y de educación.
Erradicar de las relaciones entre los gobiernos, la
práctica de medidas de embargo económico, bloqueo
y otras formas de violencia, como la corrupción y el narcotrafico
que atentan contra el derecho de las poblaciones a la Seguridad
Alimentaria
La calidad nutricional , el origen y las condiciones
de producción ecológica de los alimentos deberá
ser garantizados por una normalización y certificación
con base en una legislación elaborada conjuntamente por
el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. De esta manera
se fomentará la educación y toma de conciencia de
la importancia de la calidad de los alimentos ante los consumidores.
La Nutrición adecuada, el saneamiento y abastecimiento
del agua deben estar entre los principales indicadores del desarrollo.
Todos los programas de desarrollo integrado deberían incluir
componentes de nutrición y de Seguridad Alimentaria que
recompongan el déficit en calorías y micronutrientes.
Una intensificación en la educación nutricional
promueve mejorías en la salud y salva vidas.
III. Atender las necesidades transitorias y urgentes
de alimentos sin entorpecer el desarrollo y la capacidad de los
sistemas productivos para satisfacer las necesidades futuras de
alimentos.
El problema de la disponibilidad de alimentos en el
corto plazo no debe conducir a nuevas formas de "revolución
verde". Es necesario buscar una agricultura que proteja el
medio ambiente, fortalezca la agricultura familiar y se preocupe
centralmente de la calidad de los alimentos.
Recomiendáse que para garantizar una alimentación
y nutrición adecuadas el valor de una canasta básica
no exceda de 1/3 del ingreso familiar
Recomiéndase que los gobiernos nacionales y
las agencias donantes de alimentos canalicen una mayor proporción
de su ayuda alimentaria por intermedio de ONG's. La ayuda alimentaria
siempre debe corresponder a una situación de emergencia
o a proyectos dirigidos hacia poblaciones en situación
de inseguridad alimentaria. Ella debe incluir la mayor cantidad
posible de compras locales y regionales de alimentos, fomentando
la promoción de la producción y el consumo de productos
tradicionales con alto valor nutritivo y o cultural (quina, tandi,
kañicua, etc), y la articulación de medidas de ayuda
alimentaria con ayuda financiera. Es indispensable establecer
un nuevo código de conducta para los mecanismos internacionales
de distribución de alimentos.
Los estados deberán abstenerse de tomar medidas
que afecten la Seguridad Alimentaria de otros pueblos. Además
la ayuda alimentaria nunca debe ser utilizada como arma política
ni al interior de los países ni en sus relaciones con otras
naciones.
Es preciso diferenciar, normar y reglamentar el uso
de las donaciones de alimentos e institucionalizar los organismos
de gestión, distribución y control con participación
representativa de la sociedad civil.
IV. Velar por que las política alimentarias,
agrarias y de desarrollo rural favorezcan un suministro de alimentos
suficiente y estable a nivel familiar, nacional y mundial, y promover
el desarrollo agrícola y rural sustentable (DARS)
El modelo de desarrollo rural debe ser socialmente
justo, económicamente sustentable, ecológicamente
estable y respetuoso de la diversidad cultural.
El Estado, la sociedad y el mercado tienen que reconocer
y revalorizar la contribución multiespecifica de la agricultura
y de los agricultores y retribuirle su producción múltiple
de bienes y servicios. Esto puede realizarse a través de
vías diversas: internalización de costos, precios
remunerativos para cubrir los gastos y obtener excedentes justos,
subsidios e inversión públicos.
De acuerdo con el punto anterior es una obligación
de los Estados, de las sociedades urbanas y de la comunidad mundial
revalorizar y fortalecer las agriculturas campesinas e indígenas
de América Latina y el Caribe, sin excluir a otras formas
de producción de alimentos compatibles con su existencia
y con la sustentabilidad. Esto supone un conjunto de reformas
que deben incorporarse en las leyes fundamentales que garanticen
el acceso equitativo a la tierra, al agua, a los recursos naturales
y económicos; así como la obligatoriedad de los
estados de establecer políticas de desarrollo rural.
Deben establecerse marcos legales y fiscales específicos
que posibiliten y fomenten las formas de organización económica
de los pequeños productores y de la sociedad rural; en
particular la creación de sistemas financieros populares
y de sistemas de comercialización de los propios productores.
Promover el establecimiento de leyes de desarrollo
rural en los países que proporcionen las condiciones y
los recursos necesarios para el desarrollo rural equilibrado y
sustentable, entre las cuales se destacan: el acceso equitativo
a la tierra, el establecimiento de sistemas de financiamiento
y comercialización, de investigación, capacitación,
educación y extensión; y la construcción
de infraestructuras de servicios para la producción; así
como el establecimiento de programas multianuales.
Garantizar la participación efectiva de la
sociedad civil en la planeación y ejecución de programas
de desarrollo rural sustentable.
Las naciones y la comunidad mundial deben establecer
políticas publicas diferenciales tendientes a garantizar
la Seguridad Alimentaria sustentable para todos. Ningún
programa asistencialista podrá sustituir la obligación
de los Estados de garantizar el establecimiento, sostenimiento,
promoción y acompañamiento de sistemas de Seguridad
Alimentaria sustentables, para las generaciones actuales y para
las futuras.
La FAO y los gobiernos nacionales deberán dar
un nuevo impulso a las políticas de reforma agraria, garantizando
el acceso a los recursos productivos. La propiedad de la tierra
debería estar basada en derechos para todos los campesinos
garantizando el igual acceso a las mujeres. La educación,
los incentivos económicos y la legislación debería
propiciar mecanismos de prevención contra la reconcentración
de la tierra.
Los Estados deben erradicar la represión y
la violencia para resolver los conflictos de tierra, creando mecanismos
concretos de participación de los interesados.
V. Velar por que las políticas de comercio
alimentario y agrícola sean favorables a la Seguridad Alimentaria
Debe ser atribuida a la Seguridad Alimentaria mayor
prioridad que a la búsqueda de ventajas comerciales o de
libre comercio. El mercado por si solo no puede resolver los problemas
de Seguridad Alimentaria. La concentración del poder en
los mercados nacionales e internacionales en manos de un pequeño
numero de corporaciones transnacionales perjudica a los pequeños
productores rurales. Los Estados y los organismos intergubernamentales
deberán establecer normas y políticas comerciales
que atiendan a las condiciones y necesidades específicas
de los pequeños productores y sus organizaciones.
Los alimentos no pueden ser reducidos a una simple
mercancía y el acceso a ellos no puede ser únicamente
para aquellos segmentos de la población considerados como
económicamente viables. En este sentido, el principio de
las ventajas comparativas en la producción de alimentos
solo puede operar en forma subordinada al principio de la Seguridad
Alimentaria local y nacional. Dicho principio no puede operar
de manera absoluta, mecánica y acrítica. Los alimentos
son bienes de la sociedad y de la humanidad que deben ser accesibles
a todos, remunerando justamente a aquellos que participan en su
producción, almacenamiento, transformación, conservación,
distribución y servicios asociados (financiamiento, investigación,
mercadotecnia, etc).
La producción de monocultivos coloca a los
productores campesinos en una situación de gran vulnerabilidad.
La diversificación productiva es un recurso potencial de
los pequeños productores que debe estimularse ya que promueve
la Seguridad Alimentaria a nivel local.
Dada la incertidumbre intrínseca de la agricultura
y la volatilidad e inestabilidad de los mercados agrícolas
internacionales debe establecerse un nuevo sistema de comercio
justo y de estabilización de los mercados, tanto en el
ámbito global como en el nacional y local. Se deberá
promover el establecimiento de redes de reservas locales, nacionales
y regionales de alimentos con el fin de reordenar el sistema mundial
de abastecimiento para periodos de crisis alimentaria. No es moralmente
aceptable utilizar el comercio internacional de productos agrícolas
como arma alimentaria en detrimento de los pueblos que recurren
a dicho comercio para satisfacer parte de sus necesidades de Seguridad
Alimentaria.
Se requiere que los gobiernos que utilicen instrumentos
de política comercial que promuevan la Seguridad Alimentaria
y eliminen los efectos negativos da la apertura comercial.
La Organización Mundial del Comercio debe reconocer
que el comercio de productos agrícolas entre el Norte y
el Sur es injusto: mientras el Sur exporta alimentos secundarios,
el Norte exporta alimentos esenciales. Los acuerdos comerciales
globales (GATT-OMC) reflejan los intereses de las corporaciones
de la Unión Europea y de los Estados Unidos, sus principales
beneficiarios, y perjudican de manera especial a los países
pobres, deficitarios en alimentos. La OMC debe actuar en el sentido
de eliminar la competencia causada por la exportación subsidiada
del Norte.
La OMC y sus estados miembros deben con anterioridad
a la realización del Encuentro Ministerial de Diciembre
en Singapur, cumplir el compromiso contraído de compensar
a los países pobres deficitarios de alimentos por el aumento
de los precios, con un conjunto de medidas de ayuda que incluyan
metodología de previsión, ayuda a la producción
interna y regional de alimentos, medidas comerciales y ayuda alimentaria.
Se debe fortalecer el rol de los organismos intergubernamentales
en la defensa, promoción y garantía de la Seguridad
Alimentaria frente a la preeminencia de los organismos financieros
internacionales. (OFI´s)
Deberá promoverse que todos los actores sociales
estén representados en las negociaciones comerciales bilaterales
y multilaterales, en particular los pequeños productores
campesinos, los pueblos indígenas y sus organizaciones.
Revisar los acuerdos comerciales regionales y globales
( como TLC, Mercosur, Pacto Andino, Mercado Común Centro
Americano, etc) de forma a que incorporen medidas que promuevan
la Seguridad Alimentaria (Fondos de Compensación, negociación
de los términos de apertura) la revisión de las
políticas de ayuda alimentaria, eliminando cualquier tipo
de condicionalidad, embargo o bloqueo por razones políticas.
VI. Promover inversiones en la producción agrícola,
forestal y pesquera sustentable y en el desarrollo de actividades
posteriores a la producción, así como en el apoyo
a la investigación, la infraestructura y los servicios.
La inversión internacional se esta dirigiendo
a apoyar programas de ajuste y reformas estructurales, en detrimento
de inversiones en agricultura, alimentación, empleo, educación
y salud. Los pequeños productores han sido afectados más
que nunca por los cambios en las estrategias financieras y por
la ausencia de recursos financieros para mejorar su producción
e incrementar su competividad.
Los organismos financieros internacionales, los gobiernos
nacionales y el sector privado de cada país deben promover
cambios en las políticas de inversiones de manera a priorizar
el desarrollo rural con equidad y en especial la innovación
productiva de pequeños productores para asegurar una mayor
productividad.
La FAO debería adoptar, difundir e impulsar
la aplicación de un código ético de conducta
que garantice la prevalencia y el trato equitativo a los pequeños
productores y a la agricultura familiar en complementariedad con
otros tipos de productores y que aseguren un criterio de sustentabilidad
en la practica de los actores rurales.
La FAO debe implementar proyectos que demuestren su
compromiso con este código com se ha hecho en el caso de
forestación y reforestación.
Los Gobiernos Nacionales y las Organizaciones Intergubernamentales
deben centrar su apoyo en la capacitación de los pequeños
productores a nivel familiar, comunitario y asociativo. Las ONG's
continuarán colaborando en este proceso. La capacitación
deberá facilitar la incorporación de tecnologías
adecuadas y la capacidad de gestión de las pequeñas
y medianas empresas rurales, El fortalecimiento del papel de la
mujer por medio del mayor acceso a los recursos productivos y
a la renta, así como su participación en el proceso
de decisiones es indispensable.
Las instituciones internacionales de financiamiento
(Banco Mundial, FIDA y Bancos Regionales de Desarrollo) deberán
fomentar inversiones que beneficien a pequeños productores
y trabajadores, tantos rurales como urbanos y que faciliten la
participación de las mujeres en igualdad de oportunidades,
asegurando capital y asistencia técnica para nuevos esquemas
de crédito. Quienes los utilizan deben involucrarse en
los procesos de toma de decisiones desde el diseño hasta
su implementación.
La FAO, el CGIAR y los gobiernos nacionales deben
reformar y reorientar las políticas y sistemas de investigación,
capacitación, entrenamiento y extensión rural en
pro de la agricultura ecológica de modo que puedan incorporar
a los pequeños productores al desarrollo de sistemas agrícolas
sustentables que sean adecuados a las realidades y culturas locales.
Los Gobiernos deben garantizar la existencia de recursos
financieros, técnicos y educacionales para apoyar los sistemas
locales de producción, almacenamiento, conservación
y distribución (incluyendo informaciones de mercado, entrenamiento,
tecnologías viables, transporte, almacenamiento, procesamiento
y medidas post cosecha).
La FAO, los gobiernos nacionales y entidades de la
sociedad civil que trabajan con recursos genéticos de plantas
y animales deben garantizar el acceso a variedades nativas y exóticas
resistentes a plagas y enfermedades y condiciones climáticas
adversas, como patrimonio de la humanidad y debe hacer esfuerzos
para impedir que la biotecnologia se torne una "neo revolución
verde" que deteriore aún más los recursos genéticos
campesinos. También es necesario normar el uso de la biotecnologia,
considerando su impacto en la sustentabilidad agrícola
y en la salud.
VII. Participar en la aplicación y vigilancia
del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.
Mecanismos de comunicación y de consulta deben
ser establecidos entre los gobiernos, las organizaciones de la
sociedad civil e instituciones intergubernamentales. Estos mecanismos
deben propiciar en especial la participación de ONG´s
en el proceso de toma de decisiones sobre los programas de ajuste
estructural.
Propender la participación activa de la sociedad
civil en los procesos de formalización, ejecución,
seguimiento y evaluación de programas y proyectos de Seguridad
Alimentaria. Para ello deben organizar y asegurar la representación
de las organizaciones de productores, consumidores y comunidades
locales en sus procesos de planificación para lograr la
Seguridad Alimentaria desarrollando el modelo de los Consejos
Nacionales de Seguridad Alimentaria.
Formular y ejecutar acciones de Seguridad Alimentaria
concertadas con todos los actores sociales y focalizadas en los
grupos de población afectados, mediante una cultura de
participación descentralizada y desconcentrada en los diferentes
niveles de toma de decisiones.
Impulsar de manera especial estrategias de educación,
capacitación, investigación y adopción tecnológica
y comunicación social, que contribuyan a elevar las capacidades
de auto-gestion de hombres, mujeres y comunidades de mayor riesgo.
Los Gobiernos nacionales deben incluir las ONG's,
las organizaciones comunitarias, las organizaciones campesinas,
indígenas y de mujeres en los comités interministeriales
correspondientes y en las delegaciones para las conferencias regionales
y internacionales.
Reconocer y fortalecer a las organizaciones sociales
y propiciar su participación en diversos niveles de toma
de decisiones políticas.
Ratificamos nuestra voluntad de trabajar en pro de
un movimiento Latinoamericano y del Caribe de Seguridad Alimentaria
y difundir sus principios básicos de solidaridad, participación
y descentralización, así como promover la cooperación
horizontal y el intercambio técnico entre Países
de la Región, con el apoyo de las diferentes agencias de
cooperación internacional.
La Cumbre Mundial de la Alimentación debe ser
el punto de partida para la reorganización global, regional,
nacional y local de un nuevo, democrático, equitativo,
eficiente y sustentable sistema de Seguridad Alimentaria para
todos, para las generaciones actuales y para las futuras. Esto
implica la evaluación del papel de las agencias multilaterales
como factores de la inseguridad alimentaria y también,
investigar y debatir sobre la creación de nuevas formas
de organización mundial para la Seguridad Alimentaria.
Los Jefes de Estado presentes en la Cumbre Mundial
de la Alimentación de 1996, deben pedir al Director General
de la FAO que convoque un Nuevo Foro Romano, que se reúna
a cada dos años, inmediatamente antes de las conferencias
de la FAO. Esos Encuentros podrían tomar la forma de mesas
redondas que reúnan a funcionarios superiores de la Organización,
del Programa Mundial de Alimentos (PMA), del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), del Banco Mundial, del Grupo
Consultivo Internacional sobre Investigación Agrícola
(CGIAR) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), junto con organizaciones no gubernamentales, organizaciones
populares, movimientos sociales y representantes de agroindustrias
para revisar, debatir y desarrollar todos los aspectos de la agenda
internacional de agricultura y alimentación. El Director
General de la FAO debe ser instado también a convocar un
grupo de composición similar inmediatamente antes de las
Conferencias Regionales bianuales. Convocamos a los Jefes de Estado
a realizar foros participativos semejantes a nivel nacional y
local.
La sociedad civil se dispone a realizar una Conferencia
Latinoamericana y del Caribe en Seguridad Alimentaria (CLACSA)
para aplicar y acompañar las medidas aprobadas en la Cumbre
Mundial de la Alimentación de Roma.